Un breve espejismo

El debate presupuestario ha situado durante estos meses, una vez más, las cuestiones económicas en el centro de la actividad política española. Sin embargo, en esta ocasión, el activo papel que está desempeñando CiU en la elaboración del Presupuesto, como consecuencia de la nueva relación de fuerzas existente en las Cortes Generales, otorga a la situación características singulares. No es solo que la mayoría negocie con una minoría las grandes cifras de la economía nacional: es que partidos con planteamientos económicos netamente diferentes (uno socialista de un lado, una coalición de liberales y democristianos del otro) y con intereses territorialmente distintos han de ponerse plenamente de acuerdo en un amplio y complejo conjunto de cuestiones y, además, han de ser capaces de explicar al conjunto de sus votantes que lo han hecho garantizando los intereses generales.

La cuestión es difícil desde ambas perspectivas. El PSOE no ha podido incorporar a su Gobierno a minoría alguna que le de estabilidad, lo que le obliga a pasar anualmente la reválida presupuestaria sin otro apoyo que el que coyunturalmente pueda conseguir. El Presupuesto, anual expresión cifrada del proyecto político gubernamental, se convierte así en un examen sin cuyo aprobado se hace realmente difícil seguir adelante. La tensión del mal estudiante se hace patente cuando la pregunta que no se había estudiado (la inflación, por ejemplo) cae, como siempre ocurre, en el ejercicio. Pero la posición de la coalición nacionalista catalana dista también de ser cómoda. Objetivamente, el reparto de escaños en el Congreso le otorga una posición óptima a la hora de presionar para llevar a la realidad sus compromisos electorales; por eso, ningún votante de CiU debería esperar razonablemente que, en el futuro, el grado de cumplimiento de los programas que apoya en las elecciones generales sea mayor que el que ahora puede obtener. La negociación presupuestaria se convierte así en una prueba difícil de superar: si lo conseguido es poco, sus votantes podrían llegar a percibir que apoyar a un partido necesariamente minoritario no es el mejor camino para conseguir que la economía española camine por la senda deseada; si se pretende alcanzarlo todo, es posible que no se obtenga nada.

Para complicar aun más la situación, la economía española muestra síntomas aparentemente contradictorios, que han llevado a más de uno a errar en el diagnóstico. Los datos conocidos hasta el momento parecen anunciar que nuestra economía crecerá durante 1994 un 1,7%, medido sobre el PIB del año anterior. El dato es bueno, indicativo de una cierta mejora de la situación, pero para alcanzar conclusiones más completas se debe avanzar algo más. Sabemos que ese crecimiento descansa, casi exclusivamente, en el aumento de la demanda exterior de productos y servicios españoles, en buena medida causado por las violentas devaluaciones a las que se vio sometida la peseta. La creciente dependencia exterior de las economías modernas es un dato incuestionable; es una fuente de inquietudes provocadas por la fuerte competencia del nuevo entorno, pero también lo es de nuevas oportunidades para todos. Sin embargo, se debe tener presente que para ocupar con éxito una posición algo más que coyuntural en los mercados mundiales es necesario ser competitivos, es preciso estar en condiciones de producir con calidad y precio equiparables a los mejores.

Los datos hechos públicos en septiembre por el Foro Económico Mundial han supuesto una primera voz de alarma. España es hoy en día un país poco competitivo; cada vez menos, a medida que vamos siendo rebasados por países en vías de desarrollo, muy activos económicamente. La pérdida de competitividad anunciada no es una idea abstracta, es el resultado que se obtiene al evaluar un conjunto de factores determinantes, en buena medida ligados a políticas públicas: el grado de internacionalización de la economía, el estado de las instituciones financieras nacionales, las infraestructuras, la calidad de los directivos, la formación de los trabajadores, la capacidad científica y tecnológica, la fortaleza de la economía y la acción gubernamental. Por eso, el anuncio no debe ser pasado por alto, más bien al contrario, ha de constituir un serio motivo de reflexión. Una economía poco competitiva en un mundo económico crecientemente internacionalizado está abocada al desastre; unas prioridades en el gasto público mal elegidas constituyen una garantía de fracaso.

Por otro lado, la evolución de los tipos de interés desde la primavera pasada debe ser también fuente de inquietud. En los últimos meses, parece evidente que el Tesoro está encontrando serias dificultades para cubrir sus necesidades de financiación sin aumentar las rentabilidades ofrecidas. Un razonable temor a iniciar un alza en el precio del dinero está retrasando una decisión que, en último término, será inevitable. El fuerte déficit presupuestario obligará a ofrecer, antes de fin de año, mayores rentabilidades a aquellos que decidan colocar sus ahorros en Deuda Pública; es muy posible que esta decisión perjudique gravemente el leve proceso de recuperación iniciado.

En el origen de nuestros problemas económicos están una mala utilización de los recursos públicos y un esquema de gasto financieramente insostenible. Pero las preocupaciones gubernamentales, deducidas a partir de sus decisiones presupuestarias, no van dirigidas a solucionar ninguno de ambos problemas.

Las primeras declaraciones sobre los términos en los que se estaba fraguando el acuerdo PSOECiU sobre el Presupuesto parecían anunciar el descubrimiento de la cuadratura del círculo. Se anunciaba una disminución de las cuotas de la Seguridad Social al mismo tiempo que el compromiso de actualizar la tarifa del IRPF de acuerdo con la tasa de inflación. Lo primero implica una importante pérdida recaudatoria; lo segundo, renunciar a un incremento de recaudación un tanto espúreo, pero habitual en los últimos años. Por el lado del gasto, se aseguraba una actualización de los ingresos de pensionistas y funcionarios de acuerdo con la inflación. Simultáneamente, se proclamaba la decisión de reducir el déficit público en una cuantía significativa. La decisiva tarea de aportar no sólo los recursos necesarios para compensar los menores ingresos, sino también los indispensables para aumentar determinados gastos reduciendo el déficit en los términos anunciados, recaería sobre la imposición indirecta: el IVA y los impuestos especiales.

Las cuentas no salen

Para un observador atento de nuestra realidad presupuestaria era fácil adivinar que esas cuentas no salían. Era mucho el incremento de recaudación que se esperaba obtener presionando sobre muy pocos impuestos, más aun teniendo en cuenta que autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda habían hecho públicas durante el verano algunas investigaciones que cuantificaban el fraude fiscal en tres billones de pesetas, un 5,5% del PIB. Con una economía sumergida situada en niveles realmente preocupantes, con un fraude fiscal de las proporciones descritas era difícil que nadie creyese seriamente, con todos los datos en la mano, los términos del acuerdo.

Fue el Presidente del Gobierno quien desveló poco después la solución del enigma. No había descubrimiento alguno en el supuesto nuevo equilibrio alcanzado: la reducción de la inversión pública serviría como contrapartida para cuadrar las cuentas. Lamentablemente para la economía española, esa es una de las partidas indispensables para afianzar el crecimiento futuro. Con toda probabilidad, aunque eso no lo dijo, ni tan siquiera la reducción del déficit público se encontraba entre sus prioridades.

Sin embargo, la reducción del déficit público debe ser un objetivo central de una política económica viable en el medio y largo plazo. El déficit distorsiona los mercados financieros, fuerza al alza los tipos de interés, bloquea el crecimiento; en estos momentos, además, compromete nuestro acceso a los créditos y fondos de cohesión de la Unión Europea.

Sin duda, vamos a tener un Presupuesto para el corto plazo, un proyecto condicionado por la necesidad de alcanzar un acuerdo político inmediato al que se pretende llegar sin renuncia ni transformación de política de gasto alguna. Pero ello sólo es posible durante un corto período de tiempo. La falta de credibilidad de nuestras cuentas públicas alcanza ya cotas alarmantes y la tendencia, lejos de variar, se afianza en el mismo sentido. Tras unos años en los que repetidamente se ha gastado más de lo presupuestado, con una evolución de la carga financiera que desde el comienzo de la década crece anualmente más de un 20%, parece difícil tener credibilidad. Una política sincera de contención del déficit sólo puede comenzar por la reducción del gasto público; tratar de alcanzar el equilibrio presupuestario actuando sobre los ingresos parece a esas alturas un disparate.

Un equipo económico que ha llevado el endeudamiento neto de las Administraciones Públicas desde el 13% sobre el PIB en 1982 al 47,2% de 1994 no parece el más adecuado para dirigir una política destinada a equilibrar las cuentas del Presupuesto; una concepción del papel de lo público en la economía que le ha impulsado a canalizar casi un 50% del PIB a través de la Administración no parece apto para reestructurar el gasto público. Pero eso es lo que la economía española necesita urgentemente: un Gobierno creíble, decidido a reducir el déficit, sabedor de que ese es el requisito imprescindible para construir un modelo de crecimiento económico sostenible; un Gobierno con la decisión necesaria para afrontar cuantas reformas sean precisas para mejorar la utilización de los recursos públicos.

Lamentablemente para todos, todo parece indicar que, , la tan anunciada recuperación de la economía española se va a quedar en un débil reflejo de la evolución de los resultados de los países desarrollados. La mejoría corre el peligro de no ser más que un breve espejismo. Nuestra renta individual, lejos de acercarse a la media comunitaria, se aleja cada vez más, la inflación vuelve a despuntar de manera inesperada, nuestros tipos de interés se alejan de los de nuestros vecinos. Un acuerdo presupuestario poco transparente y claramente inestable no es lo que nuestra economía reclama. La solución, sin duda, es otra. •