Los nuevos mitos del nacionalismo

LA REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS

En vísperas del final de la actual legislatura, existen numerosos aspectos sin resolver que despiertan viva inquietud en los ciudadanos. Una de esas cuestiones se centra en los movimientos expansionistas registrados en determinadas comunidades de España, sobre todo en el País Vasco y Cataluña, sin olvidar Galicia, que aspiran a extender sus fronteras hacia otras zonas limítrofes. Desde esas tres comunidades, sectores influyentes defensores del nacionalismo secesionista, mantienen un acoso permanente sobre los vecinos, con el propósito de incluirlos en sus ámbitos competenciales Se trata de minorías muy activas que aspiran a lograr esos objetivos en el plazo de tiempo más breve posible, aprovechando la manifiesta debilidad del poder central.

La lista de agravios de los anexionistas son extensas y cada vez más atrevidas. Según ellos, el reparto de los territorios asignados en su día a cada una de las comunidades autónomas, se trazaron sobre las antiguas demarcaciones provinciales, sin consulta previa a los habitantes.

De modo que les parece llegado el momento de restablecer las verdaderas identidades de los pueblos y corregir los errores cometidos en épocas pasadas. De acuerdo con los propósitos expuestos y según el criterio de esas minorías, es tarea urgente restituir la integridad a los territorios amputados, ya que, de este modo, se les devolverían a sus verdaderos dueños, extensas y productivas zonas geográficas que constituyen, según frases acuñadas al uso, «parte irrenunciable de nuestra nacionalidad».

POLÍTICA DE AMPLIACIÓN TERRITORIAL

Al exponer la falsedad de argumentos semejantes, se corre el riesgo de ser acusado de manipular la realidad con fines centralistas o totalitarios. Sin embargo, muy al contrario, los hechos demuestran que no se trata de exageraciones interesadas, sino que estamos en presencia de viejos sueños nacionalistas en marcha, que han sido minuciosamente planificados y, en parte, desarrollados, que sólo esperan la oportunidad de ser llevados a la práctica.

No obstante, y pese a la coincidencia de objetivos a la hora de incorporar territorios ajenos, las tácticas a seguir varían en función de las circunstancias. La Generalitat llama a la unidad de los Països Catalans, incluyendo en ellos a Baleares y Valencia. En el País Vasco se apela al mito de la Gran Euskalherría, mientras Galicia aspira a incorporar territorios al norte de Zamora, pertenecientes a las comunidades de Castilla y León y algunas partes del Principado de Asturias.

Una vez que se han fijado los objetivos expansionistas, se trata ahora de diseñar las estrategias adecuadas para llevarlos a feliz término. Aunque los medios deberán adaptarse a la realidad, resulta imprescindible la previa conquista del poder político.

A continuación y una vez ocupadas las instituciones educativas, culturales, universitarias y los medios de comunicación (prensa, radio, TV) llegará el momento de orientar a la opinión pública en la dirección deseada. Después, y con los sectores políticos y económicos sometidos a control, se forja un sólida red que, una vez bien trabada, resulta muy difícil romper.

EL VICTIMISMO, ARMA SECRETA DE LOS NACIONALISTAS

Los buenos resultados obtenidos por esas tácticas a nivel interno, dentro de las que hemos dado en llamar autonomías expansionistas, animan a sus promotores a reproducirlas en los territorios que se proponen conquistar.

En primer lugar, se apela a sentimientos derivados de una supuesta identidad lingüística y cultural, o, según los casos, racial, que marcan las diferencias con «los otros» a los que se atribuye una actitud hostil. Son esos «otros» malvados injustos, los que nos han aplastado (a los «nuestros») abusando de la fuerza a través de un poder centralizador que nos han infligido «humillaciones seculares».

Entramos pues, en la socorrida órbita del llamado «victimismo», idea básica, eje central y previo a la reconquista de los valores genuinos, arrebatados u ocultados, «que forman parte de nuestra identidad». El victimismo ha sido muy utilizado a lo largo de la historia. Más recientemente, fueron Hitler y Mussolini principales impulsores de este socorrido recurso. Vienen como anillo al dedo, sobre el particular, las opiniones expuestas por Humberto Eco en su libro A paso de cangrejo. (Ed. Debate, Barcelona, 2007, págs. 154-155.) donde señala que:

El victimismo es una de las muchas formas con las que un régimen sostiene la cohesión de su frente interno sobre el chovinismo: para exaltarnos hay que demostrar que son los otros los que nos odian y quieren cortarnos las alas. Toda exaltación nacionalista y populista supone el cultivo de un estado de continua frustración.
No sólo eso. La posibilidad de quejarse diariamente del complot permite aparecer todos los días en los medios para denunciar al adversario. Se trata también de una técnica antiquísima, conocida incluso por los niños: le das un empujón a tu compañero del banco de delante, él te tira una bolita de papel y tú te quejas al maestro.

Asentada ya entre la mayoría de los ciudadanos la convicción de que son víctimas de intereses contrarios a su dignidad de personas, parece evidente la necesidad de mantener en el poder a las personas y partidos que les garantizan la heroica defensa de esa identidad amenazada por el implacable adversario centralizador. Las minorías nacionalistas consiguen así desviar la atención de los ciudadanos de los problemas cotidianos, asegurando su continuidad ¿eterna? en los ámbitos de un poder que confían en ampliar a costa de territorios vecinos.

AFINIDADES DE LENGUA Y CULTURA

Sobre esos sufridos ciudadanos se van a proyectar nuevos e ingeniosos argumentos. En estos casos, se olvidan de las diferencias para invocar las afinidades lingüísticas y culturales, como factores determinantes a la hora de ensanchar los márgenes de la «identidad nacional» de la que se trate.

Veamos: si usted tiene la suerte de pertenecer a territorios en los que se habla, o en algún tiempo se habló, catalán, no le quepa ninguna duda, es usted, con toda seguridad, catalán.

Respecto al País Vasco, a esas razones lingüistas deben añadirse otras de más difícil prueba, ya que a los aspectos ya señalados, se incorporan también los de carácter étnico o racial (RH negativo, y demás), de los que podrían derivarse (dadas las diferencias entre vascos y maquetos) diversas clasificaciones sociales y económicas, según la acreditación de una mayor o menor pureza en los orígenes. La inconsistencia racional, y no digamos democrática, de tales doctrinas no les restan eficacia. No obstante, sus defensores prefieren evitar discusiones de índole moral, que pongan en duda la legitimidad de esos principios racistas, que no resisten el menor análisis filosófico y repugnan el sentido común, el menos común de los sentidos.

Consideramos una verdad tan evidente que no necesita demostración, el hecho de que lengua, cultura y nacionalidad política no son realidades siempre coincidentes. El pasado y el futuro muestran numerosos casos y situaciones que lo prueban. No todos los que hablan francés como lengua materna, o, incluso, participan de esa cultura, son de nacionalidad francesa.

Es suponer que ciudadanos suizos, belgas o habitantes de Haití, podrían opinar sobre el particular. También a los ciudadanos de Austria, de ciertas zonas de Chequia (Bohemia) y de Polonia, de habla alemana, se les podría recordar las tesis nazis sobre la Gran Alemania: si hablas alemán… eres alemán.

Y, en el área del español, cuidado: mexicanos, argentinos, chilenos, peruanos, venezolanos, cubanos y así hasta veinte: ¿hablan ustedes español? Pues de nada les sirvieron sus guerras de independencia, porque siguen siendo españoles.

Naturalmente que existen afinidades lingüísticas y culturales que sirven para facilitar la convivencia, la solidaridad y el respeto entre los pueblos de España que, además de próximos, aparecen hermanados por una historia de siglos. Pero esas afinidades no deben esgrimirse como doctrina que justifique cualquier intento de absorción política, basado en la fuerza de las armas o de la manipulación mediática.

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

Es verdad que España es una nación diversa que ha conservado, felizmente, diferentes identidades. Pero lo ha hecho sin perder el sentido de muchos valores que permiten hablar de la presencia real de elementos comunes.

En efecto, volviendo al caso de las lenguas y las culturas peninsulares, el hablar de «hechos diferenciales» o de «identidades separadas» sólo puede admitirse dentro de unos márgenes muy estrechos, ya que nos encontramos en una Península que forma una sólida masa continental, de fronteras exteriores bien definidas por mares y montañas, que se extienden desde la gran barrera pirenaica al estrecho de Gibraltar.

Así, a cualquier observador imparcial no le será difícil reconocer cómo, entre la mayoría de las regiones peninsulares, se percibe una abrumadora y evidente similitud de elementos geográficos y climáticos, étnicos y humanos, que la convivencia de siglos y el roce de unos pueblos con otros ha venido reforzando a lo largo del tiempo.

Como resultado de este proceso, se han establecido afinidades, imperceptibles a corta distancia, pero que vistas desde un plano superior, nos unen por encima de los particularismos locales. Lo cual se produce sin perjuicio de admitir la presencia de una diversidad enriquecedora, como uno de los más acusados rasgos de los pueblos que, sucesivamente, se han asentado en los territorios peninsulares.

Griegos, fenicios, cartagineses, romanos, visigodos, musulmanes, han dejado su huella en las tierras ibéricas, y han originado un fructífero mestizaje de razas, culturas y lenguas hasta formar la unidad sustancial dentro de la diversidad.

LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMIAS

El reconocimiento de esas afinidades básicas que conformaban el patrimonio histórico de la única nación española, quedó fielmente establecido en el régimen autonómico de la ¿vigente? Constitución española de 1978. El proceso, iniciado ya hace más de treinta años, parece no haber llegado a su término racional, institucional y político.

Y no será por falta de claridad en las normas fijadas en el capítulo III, arts. 143 a 158 de la Constitución, que delimitan los márgenes territoriales sobre los que se ejercerían las distintas competencias, diferenciando las que corresponden al Estado y de las otras que éste, por delegación, cede a los gobiernos autonómicos elegidos democráticamente en cada una de las comunidades. Parece conveniente aclarar que, para la correcta aplicación del nuevo régimen territorial, los padres de la Constitución partían del reconocimiento de dos actitudes indispensables y que se daban por supuestas en los futuros gobernantes:

Primera: Lealtad a la hora de interpretar los principios constitucionales respecto a la unidad de la nación española dentro de la diversidad y,

Segunda: Máximo sentido de la solidaridad colectiva en el ejercicio de sus funciones

En realidad, esos dos principios que formaban parte del llamado «espíritu de la transición» estaban llamados a convertirse en los sólidos cimientos que sustentarían la estructura de ese peculiar edificio, levantado con notables esfuerzos, de la Constitución de 1978.

Sólo desde la aceptación y puesta en práctica de la lealtad y responsabilidad sería posible desarrollar el contenido de las normas establecidas en el art. 2º de nuestra Carta Magna que señala con meridiana claridad la «indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

De la sosegada e imparcial lectura de este artículo se obtienen jugosas conclusiones. Sobre todo, hay una bastante fácil de entender: si no admitimos el principio básico de la «indisoluble unidad de la nación española» y de que ésta, como parece obvio, se concibe como «patria común e indivisible de todos los españoles», no se reconocería, como consecuencia, el derecho a la autonomía de las nacionalidades (de menor rango que la otra, claro) y regiones que la integran.

En resumen, que el reconocimiento del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones está subordinado al previo reconocimiento de la existencia previa de la nación española dentro de la cual se integrarían esas nacionalidades y regiones, las cuales quedarían, además, articuladas entre sí de acuerdo con el principio enunciado, que se refiere a la necesaria «la solidaridad entre todas ellas».

Cuando se omiten, soslayan o ignoran, alguno o varios aspectos de esas normas, el régimen de las autonomías queda a merced de los avatares y tempestades que, como es bien sabido, con tanta frecuencia alteran los procelosos ámbitos de la política.

Los treinta años transcurridos permiten examinar con cierta perspectiva los derroteros seguidos por cada una de las diferentes CCAA, en su proceso de consolidación. Es una tarea necesaria que se debería afrontar a la vista de los datos objetivos derivados de la realidad, al margen de consideraciones parciales o interesadas.

En el tema autonómico que nos ocupa, la evidencia muestra que el descontento larvado y permanente de las comunidades vasca y catalana ha estallado en abierta crisis durante la actual legislatura. Con las fórmulas soberanistas propuestas en los respectivos estatutos (aplazado el primero, aprobado el segundo, por el Congreso)son muchos los que piensan que se ha producido una efectiva ruptura de la letra y, sobre todo, del espíritu que sustentaba el régimen autonómico.

¿INGENUOS O DESLEALES?

A la vista de los resultados, cabe plantearse: ¿Será que fueron ingenuos los redactores del texto constitucional o bien que han sido desleales los sectores nacionalistas encargados de su aplicación?

Semejante pregunta plantea Ignacio Camuñas, destacado político de la transición, en un reciente artículo del diario ABC (15 de junio 2007): «¿Fuimos algunos demasiado ingenuos al pensar que con los extensos poderes de los que disfrutarían las comunidades autónomas íbamos a dar por zanjados nuestros viejos conflictos históricos?… o, por el contrario, ¿fueron otros los que con su manifiesta deslealtad han ido echando a perder lo que con tanto esfuerzo entre todos habíamos logrado? ¿Estamos, en esta ocasión, ante una historia de ingenuos o de desleales?».

La pregunta es pertinente, porque las minorías nacionalistas parecen insaciables en sus propósitos de alcanzar nuevo ámbitos de poder y de incrementar unas competencias que superan los márgenes geográficos y competenciales asignados de forma clara por nuestra Carta Magna a las respectivas autonomías.

Al examinar la situación planteada en las comunidades del País Vasco y de Cataluña, las nuevas apetencias territoriales se perfilan con claridad, una vez promovidos los proyectos de alcanzar el estatus de naciones, soberanas e independientes, al margen de ese ente indefinido al que han dado en llamar, como algo ajeno, el «Estado español». Para asegurar esos objetivos, es muy conveniente crecer en tamaño y en población. El proceso continúa su marcha, como podemos observar.

POR UNA EUSKALHERRÍA GRANDE

En estos momentos ya se están dando los primeros pasos que podrían facilitar la futura anexión del antiguo y, éste sí, reino histórico de Navarra, a una entidad nacional superior llamada Euskalherría que ya ha reivindicado su derecho a la autodeterminación en clave soberanista.

Las tres provincias que ocupan el territorio de la actual comunidad autónoma vasca abarcan una extensión de 7.234 Km², con una población de 2.124.846 habitantes. A la comunidad de Navarra le corresponden una considerable mayor amplitud: 10.391 Km²

El sueño de la gran Euskalherría parece obvio: la incorporación de Navarra aportaría la riqueza agrícola de las fértiles tierras de la Ribera, que tanto necesitan las zonas industriales del País Vasco.

No obstante, el éxito del proceso depende de un aspecto que es necesario valorar. Una sustancial mayoría de navarros se ha mostrado, en las últimas elecciones autonómicas, partidaria de mantener el actual régimen foral representado por la Unión del Pueblo Navarro, partido al que han faltado muy escasos votos para alcanzar la mayoría absoluta.

Las componendas postelectorales podrían permitir el acceso al poder de los sectores partidarios del anexionismo vasco que, al mismo tiempo, son los impulsores de las posiciones soberanistas.

Pero eso vendrá más tarde. Ahora prevalece el concepto de: anexiona primero para secesionar después.

Una vez alcanzado el objetivo de llegar al poder, se iniciaría en Navarra, contra el parecer de la mayoría, se utilizará el mismo proceso ya ensayado con éxito en las provincias vascas. El cambio de conciencias y mentalidades mediante la manipulación histórica, la imposición cultural y lingüística, el clientelismo económico y el dominio de los medios de comunicación.

ELS PAÏSOS CATALANS

Algo semejante al actual proceso de anexionar Navarra al País Vasco, acaba de ocurrir en las Baleares, islas que, junto al antiguo reino de Valencia, se sumarían al área de influencia de la Generalitat de Catalunya, formando parte de la entidad fantasma denominada «Països Catalans».

Cataluña ocupa un territorio de 32.114 Km² y dispone de una población próxima a los siete millones de habitantes. Con Valencia (23.255Km² y cuatro millones y medio de habitantes) más Baleares (5.000 Km² y un millón de habitantes) Cataluña abarcaría un espacio de 60.000 Km² y doce millones de personas. Es decir, un territorio mayor que Holanda, con una población superior a la de Portugal. Con el pretexto de una discutible afinidad de lengua y cultura, los Països Catalans serían un pequeña gran potencia europea.

Aunque el proyecto pueda parecer descabellado, no lo es. Simplemente, se ha retrasado la puesta en práctica, debido a la hegemonía lograda hasta ahora por el Partido Popular en Baleares y Valencia. De haber seguido en los respectivos gobiernos autonómicos el partido socialista, el programa catalanista ya se habría llevado a cabo.

Durante la época del socialista Joan Lerma al frente de la Generalitat valenciana, se produce la normalización lingüística del catalán en los diversos grados de enseñanza, incluyendo el ámbito universitario. El proceso ha quedado frenado a partir de las sucesivas mayorías absolutas logradas por el PP en los últimos años. Se reivindica, además, la denominación de la Llengua valenciana, reconocida como propia en el texto constitucional. La pérdida del poder del PSOE en la región tuvo mucho que ver con el rechazo de los valencianos al apoyo prestado por los socialistas a las pretensiones del pancatalanismo.

En Baleares, al perder la mayoría absoluta por muy escaso margen el PP, ya se anuncian las primeras medidas para imponer el uso obligatorio del catalán, con arreglo al mismo esquema ensayado por la Generalitat de Cataluña. Por la lengua se empieza. El resto no se hará esperar.

EL CASO DE GALICIA

Amparada durante muchos años bajo el liderazgo de don Manuel Fraga desde el PP, Galicia se había mantenido fuera del circuito soberanista de vascos y catalanes. No obstante, vuelve a repetirse el caso de Navarra y de Baleares. Una vez perdida la mayoría absoluta del PP, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) con el apoyo del PSOE, reclama para Galicia la reforma de los estatutos que la definan como nación, de cara a un futuro soberanismo independiente. El substrato celta propio de la cornisa asturiana y la renacida lengua gallega, son las bases de las reivindicaciones nacionalistas.

Para justificar los propósitos expansivos, se esgrimen los consabidos argumentos lingüísticos y culturales al uso: todo el que sean capaz de hablar, o al menos entender, el gallego, debe ser considerado miembro de la nación gallega. De este modo, ya ha empezado el BNG a reclamar la anexión de las llamadas «zonas de influencia» en las comarcas del Bierzo, al norte de Zamora o de Asturias, al otro lado del río Eo, que, naturalmente, se consideran partes del territorio «irrenunciable» que deberá incorporarse, más pronto que tarde, a la Xunta de Galicia.

Así lo exige el BNG en sus programas de gobierno y esa idea se desprende de un curioso episodio, protagonizado no hace mucho por doña Anxela Bugallo, conselleira de Cultura de la Xunta, al pronunciar en lengua gallega su conferencia ante el Concejo de Grandas de Saline, localidad perteneciente al Principado de Asturias y, por tanto, ajena a esa lengua.

De poco sirvieron las ruidosas protestas de los asistentes, que, al no comprender el discurso, reclamaron el uso del español, sin que la inefable doña Anxela accediera a la solicitud de los asistentes al acto. Dejó así constancia de lo que aguardaba a los recalcitrantes lugareños en el caso de que se empeñaran en negar la pertenencia de Grandas de Salinas a la nacionalidad gallega.