¿Qué Europa queremos?

LA DECLARACIÓN DE CHEQUERS, suscrita recientemente por los gobiernos británico y español, constituye un buen punto de partida para reabrir el debate sobre cómo será la Europa del futuro, tema que, tras haber sido el centro de discusión de la política europea durante algún tiempo, había perdido su protagonismo en los últimos tiempos. El texto acordado en Chequers pone de manifiesto, además, que existe una alternativa al modelo intervencionista y centralizador, defendido desde la socialdemocracia europea, con la excepción, ciertamente, del laborismo inglés. Esta alternativa consiste en una Unión Europea que combine dos principios fundamentales. Por una parte, una economía basada más en la competencia que en la regulación, en la que unos mercados de trabajo mucho más abiertos que los actuales permitan, por fin, reducir sustancialmente las altas tasas de paro que sufren prácticamente todas las naciones del continente europeo. Por otra, una Europa en la que se mantenga la preeminencia del principio de subsidiariedad, y en la que sólo se adopten en el nivel comunitario aquellas decisiones cuya naturaleza exija la actuación conjunta de todos los Estados miembros, mientras cada país conserva su capacidad regulatoria y legislativa en todos los demás campos.

La polémica no es nueva, desde luego. En realidad, siempre ha estado latente en el proceso de construcción de la Unión Europea, que se ha inclinado en uno u otro sentido a lo largo de su aún breve historia. Europa ha sido así intervencionista y socialdemócrata en momentos como los de la redacción y aprobación de la Carta Social Europea, o de los aún recientes intentos de relanzar la economía mediante políticas de demanda en las que el sector público se atribuía el papel protagonista. Y ha sido centralizadora en innumerables directivas y proyectos, aprobados o rechazados, que han procurado atribuir a Bruselas amplísimos poderes de control sobre la legislación y la economía de los Estados miembros.

Pero Europa ha sabido también luchar por la economía de mercado, defendiendo la competencia y abriendo sus fronteras al comercio internacional a pesar de las presiones proteccionistas de numerosos sectores. Y ha sabido frenar los excesos armonizadores cuando ha defendido el principio de subsidiariedad o ha redactado textos de la relevancia del Acta Única Europea. Y, como señaló en su día Mrs. Thatcher, estos dos aspectos no son independientes. Baste recordar su conocida aseveración de que no tiene sentido tratar de construir sociedades más libres y hacer retroceder las fronteras del Estado en cada uno de nuestros países para ver cómo, más tarde, esas mismas fronteras vuelven a avanzar como efecto de una política intervencionista diseñada en Bruselas.

Hoy el futuro de Europa sigue abierto. Debemos comprender que se puede creer en la construcción de la unidad europea de muchas maneras. Hay que dejar de lado, en primer lugar, planteamientos falaces como los que concluyen, por ejemplo, que los federalistas son más «partidarios de Europa» que quienes nos mostramos reticentes ante una Europa federal. Este escepticismo ante algunas de las realizaciones de la «unión europea» no puede entenderse nunca como una postura «antieuropea». Se trata, en cambio, de una visión alternativa de la Europa del futuro, que trata de combinar las ventajas de un gran mercado interior con libre movilidad de trabajadores y capitales con unos sistemas políticos que refuercen la responsabilidad del gobernante ante sus propios gobernados nacionales.

Tal enfoque liberal y no federalista de Europa debe desempeñar un papel importante en las futuras reformas constitucionales que, sin duda, aguardan a la Unión Europea en los próximos años. Y estas reformas habrían de someterse a discusión abierta entre todos los que formamos parte de esta comunidad. Uno de los principales problemas de legitimidad que hoy sufre la Unión es que, durante muchos años, los gobiernos de los países europeos han abordado el tema de la unión política de una forma subrepticia, muy alejada de la transparencia y la difusión que cambios de esta transcendencia exigen. Por poner sólo un ejemplo, el espectáculo de la ratificación del Tratado de Maastricht por España sin debate público y con una opinión público manifiestamente desinformada, no debería volver a repetirse.

Estas reformas de naturaleza constitucional deberían dar, además, a las instituciones europeas una estabilidad de la que hoy, en buena parte, carecen. Han transcurrido ya más de cuarenta años desde la firma del Tratado de Roma y no tiene sentido que el marco institucional en el que nos desenvolvemos esté sujeto a continuas modificaciones. Ciertamente, estabilidad no puede significar rigidez, sobre todo en una organización que aún no ha terminado el diseño de sus instituciones y, sobre todo, que está abierta a posibles ampliaciones futuras de gran importancia. Pero, completado el mercado único y la unión monetaria, es momento de dar una cierta firmeza a nuestras instituciones. Si el siglo XIX fue el siglo de las constituciones de los Estados europeos, el XX lo será seguramente de la constitución de la Unión. Hay que esperar que hoy, como entonces, pueda diseñarse una constitución cuyo principal objetivo sea el control por el ciudadano del poder del gobierno y no habilitar a éste para que dirija y regule nuestras vidas y nuestras economías.