Hablar puede resultar muy caro

Yoshiro Mori, exprimer ministro de Japón, cumplidos ya los 83 años y con una dilatada carrera política a sus espaldas, renunciaba hace unos meses a su puesto en el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio. El exmandatario nipón no había incurrido en ningún escándalo financiero o sexual. La razón de su marcha fue la avalancha de reacciones suscitada por unos breves comentarios a los que él no concedió ninguna importancia. Si se aumentase el número de mujeres en las reuniones del comité organizador –dijo– habría que incrementar el tiempo para los turnos de palabra. Mori completó la idea aludiendo a la rivalidad de las féminas en estos foros. La broma le salió cara. El incendio en las redes sociales acabó calcinando su hasta entonces incuestionada trayectoria. De nada sirvieron las disculpas. Voluntarios y corredores preparados para portar la llama olímpica renunciaron de inmediato como muestra de rechazo, y Mori tuvo que dimitir.

El New York Times despedía a Donald McNeil, reportero con más de 45 años de experiencia, por emplear la palabra nigger –considerada extremadamente ofensiva para los afroamericanos– y hacerlo sin ninguna intención de ofender

No es el único caso en el que una sólida carrera se desvanece tras unas palabras a destiempo. El pasado verano, el exjefe del Mundial de Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue reprobado tras perder su condición de presidente honorífico del campeonato por señalar que en ocasiones las personas negras «son más racistas que los blancos». También a inicios del verano, el CEO y fundador de CrossFit, Greg Glassman, tuiteaba la frase «it’s FLOYD-19» para responder a la idea de que el racismo era un problema de salud pública, lanzada por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud. La respuesta de Glassman, combinando el nombre del coronavirus con el del fallecido George Floyd, víctima de la violencia policial en Estados Unidos, hizo estallar la cólera de los internautas, y acabó provocando que marcas como Reebok decidieran retirarle sus contratos de patrocinio.

El New York Times despedía recientemente al periodista Donald McNeil, reportero con más de 45 años de experiencia a sus espaldas, por emplear la palabra nigger –considerada extremadamente ofensiva para los afroame- ricanos– durante una charla con universitarios, y hacerlo sin ninguna intención de ofender, mientras explicaba justamente el uso del término. La gravedad de su falta, según una carta remitida por 150 compañeros de su redacción pidiendo su destitución, no estribaba tanto en la intención del veterano periodista, sino en cómo había podido hacer sentir a otras personas.

La firma Ralph Lauren dejó de patrocinar al golfista Justin Thomas, número 3 del ranking mundial, por insultarse a sí mismo diciendo entre dientes la expresión faggot 

El pasado mes de enero, la firma Ralph Lauren dejó de patrocinar al golfista Justin Thomas, número 3 del ranking mundial, por insultarse a sí mismo diciendo entre dientes la expresión faggot –que podría traducirse como maricón– tras fallar un golpe. El insulto fue captado por los micrófonos, y el deportista de élite tuvo que disculparse. «Estoy avergonzado. No es el tipo de persona que soy», llegó a decir.

La actriz Gina Carano, que ha interpretado durante dos temporadas al personaje de Cara Dune en la serie The Mandalorian, del universo Star Wars, fue despedida recientemente por Lucasfilm tras publicar un tuit compa- rando la situación de los republicanos en Estados Unidos con la de los judíos durante el nazismo.

Y el humorista gráfico Xavier Gorce, del diario Le Monde, abandonaba su puesto tras ver cómo el periódico pedía disculpas por una de sus viñetas, en la que un pingüino bromeaba en torno a unas relaciones que podían considerarse transgénero. «La libertad no se negocia», dijo antes de marcharse.

«UN NUEVO PURITANISMO»

Estos son solo algunos ejemplos. Pero el número de personajes cuya estrella ha dejado de brillar tras unas palabras que alguien considera imperdonables no deja de crecer. Basta asomarse a las redes sociales para leer reacciones de indignación de internautas que, si logran encender la ira colectiva, acaban por abrasar al aludido en unas llamas parecidas que algunos han comparado con las que hacían arder a las víctimas de las cazas de brujas en Europa y EE.UU. entre los siglos XII y XIX.

Así lo expone el abogado y filósofo Axel Kaiser en su libro La neo Inquisición, donde considera este tipo de ataques como la manifestación de «un nuevo puritanismo», originado en una parte de la izquierda, que ha descendido sobre Occidente provocando un daño considerable.

«Vivimos en la era de lo que se ha pasado a llamar “corrección política”, la cual podría definirse como una práctica cultural que busca la destrucción reputacional, la censura e incluso la sanción penal de aquellas personas e instituciones que no adhieran, desafíen o ignoren una ideología identitaria que promueva la supuesta liberación de grupos considerados víctimas del opresivo orden social occidental», subraya Kaiser.

La democracia se habría transformado en «emocracia», pues el foco está en las emociones de colectivos supuestamente victimizados por la sociedad, «quienes pueden sentirse atacados incluso por las expresiones o errores más inofensivos», incide Kaiser.

«La epidemia de disculpas, de castigos y de ostracismo social que han experimentado tantas personas, de izquierda y de derecha, en tiempos recientes por opiniones o conductas que han quebrado tabúes habla de la forma irracional y primitiva en la que podemos actuar colectivamente», considera el autor.

Nos encontramos, según Darío Villanueva, «ante una forma posmoderna de censura que emana de una fuerza líquida o gaseosa, hasta cierto punto indefinida, relacionada con la sociedad civil»

Por su parte el catedrático y exdirector de la Real Academia Española, Darío Villanueva, estima en su reciente libro Morderse la lengua: corrección política y posverdad (Espasa, 2021) , que nos encontramos «ante una forma posmoderna de censura» que no tendría origen en partidos, instituciones religiosas o regímenes políticos, «sino que emana de una fuerza líquida o gaseosa, hasta cierto punto indefinida, relacionada con la sociedad civil. Pero no por ello menos eficaz, destructiva y temible».

Para Villanueva, «la corrección política es la forma contemporánea más perversa de la censura». Coincide así en su diagnóstico con el periódico The Economist, que denunciaba la extensión de una creciente ola de censura que estaría poniendo en peligro la libertad de expresión. «Existía la experiencia de la censura de pensamiento, pero la de hoy es una censura difusa que afecta a la libertad de conducta de las personas», subrayaba el académico y exrector de la Universidad de Santiago de Compostela en una reciente entrevista en El Cultural, con motivo de la publicación de su libro.

#STOPHATEFORPROFIT

La tendencia discurre paralela con la proliferación en la opinión pública de un nuevo marco de interpretación: la necesidad de luchar contra el discurso del odio. Una muestra de esta nueva sensibilidad es el movimiento #StopHateForProfit (No al odio para lucrarse), que emergió en 2020, y donde más de mil compañías de todo el mundo se unieron para reclamar a las plataformas la eliminación de mensajes xenófobos, nacionalistas, sexistas o violentos en redes.

La iniciativa llevó a multinacionales como Coca-cola, Unilever, Procter&Gamble o Starbucks a retirar su publicidad de plataformas como Facebook, Twitter, Youtube o Instagram. Facebook, que había rechazado hasta ese momento interferir en los contenidos publicados en su plataforma, prometió entonces que prohibiría todos los anuncios que usaran como chivos expiatorios a las minorías raciales, a los inmigrantes o a grupos más vulnerables por su origen u orientación sexual. No se permitiría ya el contenido de odio, ni siquiera en anuncios pagados. Tampoco mensajes que considerasen dañinos o peligrosos para la seguridad o la convivencia a determinados colectivos sociales.

El hecho refleja la victoria de la protección de las sensibilidades frente a la tecnología ciega de Facebook, que había rechazado convertirse en «árbitro de la verdad», y que se lanzaba desde ese momento a una cruzada para proteger a las minorías.

EL ACCESO A LA PALABRA

Frente a los que describen estos fenómenos como una nueva dictadura de lo políticamente correcto, se encuentran quienes creen que el núcleo de estos sucesos no está en los sentimientos de las minorías, sino en el hecho de que estas minorías tengan ahora voz a través de los nuevos medios.

«No creo que sea un problema de derechos versus sentimientos, ni tampoco de derecho a ofender versus derecho a no ser ofendido. Es un problema de acceso a la palabra. Históricamente, accedían a la palabra muy pocas personas. Casi siempre hombres maduros y con cierto capital económico, cultural y/o simbólico. El resto no tenía cómo expresarse libremente y, si lo hacía, era en privado», señala Eduardo Maura, profesor de Filosofía Política en la Universidad Complutense, que fue diputado y responsable de Cultura en Podemos.

Ahora, en cambio, «hay más voces y por eso hay quien se sorprende que las cosas racistas y machistas que antes se decían con normalidad, ahora encuentran resistencia. Bendita sea esa resistencia, porque es el germen de una opinión pública más diversa. Llevábamos siglos escuchando y normalizando una esfera pública muy restringida. En nuestros días, al ampliarse, hay más conflicto. Pero es que el conflicto es parte de la libertad y de la democracia», señala Maura.

En ese sentido, Maura sostiene que personalidades como el exprimer ministro de Japón viven ahora «en una sociedad diferente a la de hace cuarenta años, cuando ser machista era algo normal y bien valorado, amén de divertido. Parece que él no lo sabía. Que hoy ser machista no sea “lo normal” es un avance, no un retroceso, tanto para la humanidad como para él».

«No deben perseguirse las opiniones, y de hecho no se persiguen, ni siquiera las más terribles. Deben perseguirse las cosas que nos destruyen como seres humanos, individual y colectivamente» subraya Eduardo Maura

El racismo y el machismo no son sentimientos u opiniones «sin intencionalidad», a juicio de Maura. «Son estructuras de dominación y desigualdad sistemática que, a través del fortalecimiento de roles y de dinámicas de desigualdad, se perpetúan en el tiempo. Ser racista no es una opción entre otras. No es un plato en un menú. El racismo mata, el machismo mata, la desigualdad mata. No deben perseguirse las opiniones, y de hecho no se persiguen, ni siquiera las más terribles. Deben perseguirse las cosas que nos destruyen como seres humanos, individual y colectivamente», subraya. En cuanto a la posibilidad de hacer chanzas sobre estos temas sin ser por ello penalizados, Maura argumenta que «bromear sobre la raza y el género es posible, sin duda, pero tiene su sentido y su fundamento que haya personas al otro lado que tomen la palabra para decir lo que piensan».

«Quien bromea tiene que asumir que no todos los terrenos de juego son iguales. Forma parte del uso práctico de la libertad comprender y respetar la libertad de los otros para decir lo que piensan, su libertad de callarse o no, de tolerar o no, de responder o no. Forma parte del hecho de ser libre entender que uno no está solo en el mundo», afirma Maura.

OPINAR SIN SER PERSEGUIDOS

En cualquier caso, tal y como recuerda el periodista y escritor Juan Cruz, adjunto a la dirección del diario El País, «las opiniones no se deben perseguir, siempre que no inciten a la violencia o al odio».

El mismo sentir subyace en la legislación que aplican los tribunales de Justicia en los casos de conflicto entre la libertad de expresión y los excesos de la misma, como sucede con los delitos de odio. En este caso «no se castiga el ser racista, antisemita o profesar cualquier ideología, incluido defenderla públicamente, sino que se sanciona la incitación directa a discriminar, humillar, atacar, etcétera, a personas o colectivos en razón de su etnia, ideología, raza, religión, creencias, sexo, orientación sexual o discapacidad», explica el magistrado y profesor universitario Eduardo de Urbano, experto en Derecho Penal.

«Injuriar, calumniar, amenazar, acosar, etcétera, son delitos, no derechos, y todos se producen utilizando la expresión», resalta el profesor Eduardo de Urbano

La libertad de expresión, de hecho, según recuerda De Urbano, «comprende la libertad de crítica, aun cuando pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues en una sociedad democrática el pluralismo, recogido en el artículo 1.1. de la Constitución Española como uno de los valores superiores de ordenamiento jurídico, así lo autoriza».

Pero la libertad de crítica no es un derecho absoluto. «No existe un derecho absoluto a manifestar lo que uno quiera porque no hay tales derechos absolutos –ni siquiera lo es el más importante, el derecho a la vida, pues se puede eximir de responsabilidad a quien se la quita a otro si lo hizo en legítima defensa–. Por eso, injuriar, calumniar, amenazar, acosar, etcétera, son delitos, no derechos, y todos se producen utilizando la expresión, ya sea de viva voz o a través de comunicaciones escritas o medios sonoros, vídeos, etcétera», recuerda De Urbano.

«Hay que dejarlo muy claro –prosigue el jurista–, no se puede decir cualquier cosa contra cualquiera y desde luego, no es libertad de expresión, que es una libertad comunicativa, el llevar a cabo actos materiales diciendo que son o que se amparan en la libertad de expresión. Por eso se ha condenado a políticos, raperos y otros cuando bajo el paraguas de tal derecho se ha agredido, denigrado, desobedecido o incitado al delito».

Esta es la praxis de los tribunales de Justicia en España, que ha llevado recientemente a la condena y la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por delitos como el enaltecimiento del terrorismo a través de las letras de algunas de sus canciones. El encarcelamiento del rapero derivó en airadas reacciones en las redes y violentas manifestaciones en las calles de varias ciudades, en defensa, supuesta y precisamente, de la libertad de expresión.

MEDIR LAS INTENCIONES

Pero la condena de Pablo Hasel no solo fue contestada mediante la movilización violenta en las calles, sino que ha suscitado todo un debate sobre los límites de la libertad de expresión y su regulación. Organizaciones como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) pusieron en cuestión la interpretación hecha por los tribunales, considerando que se basa en preceptos del Código Penal que criminalizan el discurso de forma contraria a lo que establecen los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

Así lo expone el jurista y experto internacional en libertad de expresión, Joan Barata, socio de la PDLI, para quien el enaltecimiento de terrorismo «solamente se debe criminalizar cuando haya intención y riesgo efectivo de incitación a la comisión de actos terroristas». Pero, ¿cómo se mide la intención? Incluso en el caso de los delitos de odio, la regulación «es técnicamente confusa y amplísima», referida en especial a las circunstancias en que se han proferido determinados discursos, y eso «conduce, inevitablemente, a que pueda haber interpretaciones discordantes», según explica Eduardo de Urbano. Por eso, en ocasiones se hace un «desmesura- do uso del odio», de forma que «cualquier opinión que no guste se reputa de tal», provocándose denuncias cruzadas de toda índole entre partidarios de diferentes ideologías o colores políticos, como ha ocurrido en España con los mensajes del autobús de Hazte Oír o con determinados mensajes de blogs o chats de Whatsapp.

«Para mí –precisa De Urbano–, la clave es que se rebase el cambio de las opiniones, y se sustituyan las razones -aunque sean equivocadas- por un comportamiento que genere un clima en el que se incite directamente a crear violencia, hostilidad, odio o discriminación a personas concretas o grupos por el mero hecho de pertenecer a una etnia, ideología, raza, religión, creencias, sexo u orientación sexual determinada».

Para Barata, el contexto es fundamental en los delitos de odio, pero este cambia en función de la sociedad. «Lo que cambia es la forma en que en un determinado contexto puede efectivamente generarse un peligro de hostilidad o violencia frente a minorías vulnerables: una misma expresión puede ser inocua en el marco de la sociedad sueca pero generar violencia en el Congo», subraya.

CONFLICTO DE PERCEPCIONES

En cualquier caso, no parece que sea ese el caso de quienes dijeron una frase a destiempo en las redes, usaron una palabra ofensiva sin ánimo de ofender o exclamaron sin querer algo inapropiado durante una competición deportiva. Según Barata, en la mayor parte de estos casos «estaríamos ante supuestos de discurso protegido por la libertad de expresión (de otra forma serían jueces y fiscales quienes intervendrían), pero en los que una determinada empresa o institución no quiere verse asociada con una determinada persona después de que esta se haya expresado en unos determinados temas».

«Aquí la libertad de expresarse corre en paralelo a la libertad de asociarse o contar con quien se quiera. No es un conflicto jurídico sino más bien de usos y percepciones sociales en el ámbito de lo políticamente correcto», concluye.

El profesor de la Universidad de Comillas Adam Dubin advertía sobre el «efecto paralizante» que estos linchamientos virales tienen sobre la libertad de comunicación y expresión de las persona

El profesor de la Universidad de Comillas Adam Dubin advertía, sin embargo, en un reciente artículo sobre el «efecto paralizante» que estos linchamientos virales tienen sobre la libertad de comunicación y expresión de las personas. Y el ya citado Axel Kaiser sugería que este estado de opinión imponía a los individuos una suerte de nueva censura, autoimpuesta por ellos mismos por miedo a la persecución pública y la muerte civil.

«La característica distintiva de la era de la corrección política que estamos viviendo es precisamente la autocensura, que en muchos sentidos es peor que la censura oficial impuesta por el Estado, pues se basa en el triunfo del miedo a un castigo y enemigo tan difuso que no se puede afrontar», subraya Kaiser.

La Corte Suprema de Estados Unidos en Texas recordaba en una sentencia que «si hay un principio fundamental […] es que el Gobierno no puede prohibir la expresión de una idea simplemente porque la sociedad encuentra la idea en sí misma ofensiva o desagradable».

Sin embargo, la autocensura ya funciona como una auténtica espiral del silencio que cercena la libertad y hace callar por miedo al castigo. Un reciente estudio del Pew Research Center advertía hace unos años, además, de que el 40 % de los millennials se mostraba a favor de limitar la libertad de expresión para proteger a las minorías. Cabe preguntarse si este notable cambio de sensibilidad no terminará haciendo que se recorte un derecho sobre el que ha pivotado la riqueza del diálogo y la pluralidad de toda la sociedad democrática.